Desde noviembre de 2020, sonaron las alarmas en la mayor asociación de empleadores de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). El gobierno de México entregó una iniciativa de ley para regular el outsourcing, como se reportó aquí. Los miembros de la COPARMEX afirmaron que la iniciativa prohibía esta práctica -lo cual no era así-. 

Por su lado, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, declaró para Forbes que la nueva legislación provocaría la pérdida de un millón 390 mil empleos, así como la reducción de empresas y de inversión.

A pesar de la oposición del sector empresarial, la reforma a la ley laboral fue aprobada hoy en el Senado de México de manera unánime. Pero, ¿qué modifica esta ley?, ¿por qué molesta a los empresarios? Y sobre todo, ¿por qué el gobierno de México se empeña en regular un esquema de contratación que da empleo a 4.7 millones de personas en el país?

¿Qué hay de malo en el outsourcing?

Eliminar el outsourcing ha estado en las promesas de campaña de muchos políticos en América del Norte. En las precampañas presidenciales, Bernie Sanders le recordó a Trump que había prometido evitar la fuga de trabajos a México, e instó al expresidente a cumplir su promesa prohibiéndolo.

En México, la regularización se convirtió en un compromiso del gobierno actual. En los últimos cinco años, la subcontratación creció el 37%. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de todos los contratados por outsourcing, unos 2.9 millones lo están bajo un esquema ilegal.

El insourcing es el principal problema para el gobierno mexicano. En esta práctica, una empresa crea otra para subcontratar a su plantilla y evitar que sus trabajadores participen en el reparto de utilidades, además de servir como forma de evadir impuestos en el país.

La cruzada contra la subcontratación ilegal en México se ejemplifica mejor en el caso de Raúl Beyruti. La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de aprehensión en su contra y revisión de sus cuentas bancarias bajo los delitos de delincuencia organizada, operaciones de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, según informó el 7 de abril el diario La Jornada.

Beyruti es presidente de la mayor empresa de subcontratación del país, GIN Group, y accionista de otras 90 compañías que también son investigadas por facturaciones falsas. Según las pesquisas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, los recursos de procedencia ilícita manejados en las empresas de Beyruti superan los 30 mil millones de pesos. Este tipo de prácticas son las que se quieren evitar en la nueva legislación.

Empresarios retrasaron aprobación de la reforma

Las asociaciones de empresarios en México presionaron al Poder Ejecutivo para negociar modificaciones a la ley y reducir el impacto que tendría en sus negocios, según informó El Universal en Diciembre 2020. Negociar con el ejecutivo en lugar de hacerlo con el legislativo fue motivo de molestia para algunos de estos líderes, como lo expresó Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra) en su cuenta de Twitter.

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, afirmó que había consenso de eliminar el insourcing, la práctica que más afecta a los trabajadores asalariados y que más se utiliza para evasión fiscal.

El frente de empresarios hizo que la reforma se retrasara más de tres meses en su aprobación. El 8 de diciembre, el gobierno federal pidió a la cámara baja aplazar la discusión de la reforma hasta febrero de 2021. Los empresarios lograron negociar que el reparto de utilidades se limite a tres meses o el promedio de los últimos tres años.

Tras deliberaciones, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de abril, para que el 20 de abril fuera aprobada por el Senado. El senador Napoleón Gómez Urrutia sugirió que la orden de aprehensión de Beyruti, que invertía en cabildeo para detener la reforma, ayudó a acelerar su aprobación.

¿Cuáles son los puntos claves en la nueva legislación sobre outsourcing?

  • La subcontratación solo se permitirá en servicios y obras especializadas que no sean parte del objeto social de la empresa
  • Agencias de empleo no podrán ser patrones de las personas que coloquen en empresas
  • Si la empresa de outsourcing no cumple con sus obligaciones patronales, la empresa que subcontrata servicios deberá cumplir solidariamente con esta obligaciones
  • Las empresas de subcontratación formarán parte de un padrón de la STPS que se renovará cada tres años. 
  • Cada cuatro meses, la empresa de subcontratación entregará un informe al IMSS con datos de los contratos celebrados con otras empresas
  • Esquemas que simulan subcontratación se considerarán como defraudación fiscal
  • Solo se deducirán actividades subcontratadas que no formen parte de la razón social de la empresa

¿Cuándo entra en vigor la nueva legislación?

Para que entre en vigor las reformas de la ley, falta que el ejecutivo apruebe la reforma y esta se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de entonces, las empresas tendrán hasta agosto para adaptarse a la legislación, mientras que el gobierno tendrá hasta el 1 de enero de 2022.

Este último punto levantó quejas en discusión legislativa. Los diputados del PAN consideraron que no debería haber distinciones entre las empresas privadas y las entidades de gobierno para la aplicación de la ley.

Una vez que se publique la reforma, la STPS contará con treinta días para dar a conocer las reglas para la subcontratación.

Se prevé que la publicación de la reforma en el DOF suceda el 1 de Mayo, el Día Internacional del Trabajo.

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